22 CONGRESO MUNDIAL DE GAS
TOKIO – JUNIO DE 2003

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA: UNA EXPERIENCIA RECIENTE  EN MATERIA DE PRIVATIZACION  Y CREACIÓN DE NUEVOS MARCOS REGULATORIOS.

AUTOR: 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ACTIVIDAD REGULATORIA ENERGETICA

DIRECTORA EJECUTIVA:
DRA. MIRTA GARIGILIO

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN REGULACIÓN ENERGÉTICA:
DR. EDUARDO RAMÓN ZAPATA

BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA
FEBRERO 2003

tranSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA: UNA EXPERIENCIA RECIENTE  EN MATERIA DE PRIVATIZACION  Y CREACIÓN DE NUEVOS MARCOS REGULATORIOS.

NOTA PRELIMINAR: EL CASO ARGENTINO

El presente informe presenta la situación de la Industria Regulada del Gas Natural Argentino, y tiene el carácter coyuntural de su situación relativa respecto del tiempo de su redacción.
 Por tal razón los hechos, circunstancias y valoraciones aquí realizadas deberán ser apreciadas conforme la permanencia de los hechos y normas que enmarcan su existencia y acontecer.

INDICE

MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO I

INTRODUCCION

ANTECEDENTES HISTORICOS ARGENTINOS
REGIMEN VIGENTE HASTA 1992
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - EL MONOPOLIO ESTATAL
PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

CAPITULO II

LEY Nº 24076

ANTECEDENTES: PRIVATIZACION DE GAS DEL ESTADO
NUEVA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY
LOS CONTRATOS DE LICENCIA

CAPITULO III

MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD
ESTRUCTURA DE LA LEY Nº 24076 - POLITICA GENERAL – OBJETIVOS:
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION: NORMAS COMUNES - SUJETOS
PRESTACION DE LOS SERVICIOS: NORMAS Y LIMITACIONES
REGIMEN DE TARIFAS: LIMITES Y GARANTIAS - MODIFICACIONES PERIODICAS.

CAPITULO IV

AUTORIDAD REGULATORIA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS: FORMA JURIDICA
MISION Y FUNCIONES - FACULTADES
DESIGNACION DE AUTORIDADES
PROCEDIMIENTO Y CONTROL JURISDICCIONAL

CAPITULO V
SITUACION ACTUAL

RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES – GRADO DE AFECTACION DEL SECTOR POR MEDIDAS ECONOMICAS GENERALES – RESULTADOS, PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.  

INTRODUCCIÓN

ECONOMIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SECTOR DEL GAS NATURAL

1. VISION GENERAL

•	Los procesos de regulación energética involucran - de una manera u otra - a todas las actividades de ese sector en un país dado.
No comprende solamente a las actividades que se caracterizan por constituir monopolios naturales -como el transporte troncal – sino también a aquellas donde la mayoría de los usuarios resultan cautivos, como en las actividades de Distribución.
Por ello, las relaciones y vínculos de estos segmentos de la actividad regulada con las actividades de producción de hidrocarburos,( exploración, producción, captación, almacenamiento, tratamiento) y el sistema de transporte por grandes ductos, no pueden ser soslayados.
•	Dado que el caso argentino es  reciente – no más de diez años- aún  se halla en proceso de maduración y consolidación, no obstante todos los progresos realizados en esa dirección.
Es relevante, entonces, el análisis de las interrelaciones  de ciertos aspectos, cuestiones, conflictos y problemas surgidos como consecuencia de la aplicación de los Marcos Regulatorios, y de sus posibles soluciones, así como la interpretación del alcance y sentido de ciertas reglas y procedimientos usuales, con la apreciación del punto de vista de los consumidores, prestadores regulados y del interés público general.

•	El presente informe no representa una visión parcial del Sector Regulado de la Economía Nacional, sino que intenta lograr una visión omnicomprensiva y abarcadora de la totalidad de las cuestiones relacionadas con la Regulación.

2. Estructura del Sector Gas Natural de la Economía Nacional:

•	El gas natural constituye en la República Argentina un componente clave  del sector energético nacional.
En los últimos años, esta fuente energética  ha experimentado un aumento significativo en su participación del mercado de la energía total del país y representó aproximadamente el 49% del consumo nacional de energía en el año 2002. 
    
No obstante, el consumo per capita es aún  menor que la mitad del de Estados Unidos y Europa.  
 
•	La alta penetración del gas natural fué la consecuencia del descubrimiento de grandes reservas en tres cuencas productoras de la Republica Argentina, la Noroeste, Neuquina y Austral, así como de la construcción de una estructura troncal de transporte que cubre gran parte del país abasteciendo adecuadamente los mercados de consumo del país.

•	EL SISTEMA DE GAS argentino es el más extendido y desarrollado en Sudamérica.
Operó, hasta su privatización, como una única unidad de  negocios (transporte y distribución).
En materia de Exploración y Producción de Hidrocarburos,  Gas del Estado (la empresa estatal Argentina que operaba el sistema) no tenía inversiones relacionadas a dichos segmentos de la Industria sino que compraba el gas natural proveniente de las  cuencas productoras a la única empresa productora (YPF también Estatal y Monopolica) hoy reconvertida en una Empresa Privada luego del proceso de su Privatización.

3. Transporte y distribución

•	El sistema de Transporte y   Distribución del Gas Natural,  incluye gasoductos principales y secundarios así como toda la red de distribución domiciliaria que brinda el servicio a los usuarios finales (desde los City Gate hasta los medidores de servicio de cada usuario).

•	El sistema tiene también gasoductos secundarios y redes de distribución que fueron transferidas a las diferentes unidades de negocios luego de la privatización y que llegan a:

	.Longitud de los gasoductos
	de Distribución                                           9.800 km
	.Longitud de las Redes
	de Distribución                                         50.000 km

4. División del sistema de distribución de Gas del Estado:

•	El sistema de distribución de Gas de la ex empresa estatal Gas del Estado fue dividido para su privatización en nueve  zonas regionales de distribución. Para su abastecimiento y operación se constituyeron empresas operadoras que tienen por objeto el servicio de transporte y distribución para  abastecer cada zona. 
 
•	Las acciones de cada una de las Empresas de Transporte y Distribución, constituidas por el Estado Nacional,  fueron vendidas en licitación pública a consorcios de accionistas privados,  que debían incorporar a los respectivos consorcios adjudicatarios un Operador Internacional de reconocida solvencia y experiencia en la prestación de servicios similares a los solicitados por el Gobierno Argentino.  

5. Tarifas

•	La Ley del Gas y sus Normas Reglamentarias, que aprueban las Licencias otorgadas a las Empresas adjudicatarias de los respectivos Concursos Internacionales, regulan los principios que rigen el sistema  tarifario de los servicios a prestar por las empresas Licenciatarias.

•	 Asimismo, esas normas establecen lo relativo a su sistema de cálculo, condiciones de su aplicación, criterios para la fijación de los niveles y garantías para los prestadores.

•	En el Marco Regulatorio Argentino conviven dos principios rectores del régimen tarifario: el del PRICE CAP, para la fijación – por la Autoridad Regulatoria – de la tarifa  a los usuarios finales; y el del PASS  THROUGH  para el precio del gas comprado al mercado desregulado de producción del gas natural. Ambos principios conviven armonicamente en el texto del Marco Regulatorio, sometidos a la supervisión del  Ente Regulador.

6. Matriz Energética y Reservas

•	En la matriz energética argentina se prevé que la participación  del gas natural continúe incrementándose con una tasa promedio del 2% anual acumulativo hasta el año 2016. Este es un crecimiento relativo menor que el experimentado durante la última década que ascendió a una tasa promedio de 3.3% anual acumulativo entre 1990 y 1999. 

•	Las reservas de gas del país, con una relación reservas/producción de 19 años, exceden – a una tasa de consumo actual – la duración del período considerado hasta 2016. Esta relación de consumo vs. Producción se ha mantenido constante durante los últimos 10 años con valores de la misma magnitud, con lo que puede concluirse que el país estará adecuadamente abastecido en ese lapso.

•	El gas natural entonces, tanto por las tendencias del consumo como por la cuantía de las reservas, posee un rol estratégico en el abastecimiento energético y crecimiento económico de la Argentina.

7.-CUESTIONES ADICIONALES: LAS EXPORTACIONES.-

•	Durante la última década se construyeron gasoductos de exportación de gas natural hacia los países vecinos del MERCOSUR. 

•	Siete gasoductos para exportaciones a la República de Chile; dos a la República Oriental del Uruguay y uno a la República Federativa del Brasil constituyen la principal demostración de la nueva política de la Nación en la materia.

•	La posibilidad de exportar gas natural  ofrece a los productores un atractivo potencial para aumentar los niveles de producción por encima de los niveles de crecimiento de la demanda en la Argentina. Asimismo, los transportistas de gas están bien posicionados para beneficiarse con los variados requerimientos de transporte de  tales flujos.

8. Resultados Parciales

•	 Luego de más de una década de significativas inversiones en infraestructura y mejoramiento de los sistemas operativos, los productores, transportadores y distribuidores de gas se hallan en condiciones de lograr niveles adecuados de eficiencia en las inversiones proyectadas y continuar incrementando los volúmenes de producción esperados. Además, poseen las condiciones necesarias para lograr un destacado nivel de eficiencia en la prestación de los servicios relacionados al consumo con una estructura de precios competitivos a nivel internacional.

9. LA SITUACIÓN DEL MERCADO RESIDENCIAL:

•	La actual penetración de gas en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y principales ciudades del interior del país es relativamente alta.
Pero en el resto de las regiones de la Argentina es comparativamente baja. Cerca del 45% de los hogares argentinos no tienen acceso al servicio de gas natural,  por ello existe un mercado sin desarrollar  relacionado con la demanda residencial.

10. EL GAS NATURAL COMO  COMBUSTIBLE VEHICULAR:

•	Con relación al gas natural como combustible (GNC y GLP) la República Argentina posee la dotación vehicular que utiliza el gas natural como combustible, más importante del mundo (700.000 vehículos convertidos a GNC en el año 2002) así como la mas  extensa red de estaciones expendedoras de GNC. 
Todo ello resulta favorecido por la diferencia de precios existente respecto de los combustibles líquidos, lo que – de mantenerse en el futuro -  nos permite avizorar una tasa de crecimiento constante para los próximos diez años.

•	Además de ello, aparece como un objetivo estratégico en este sector de la economía Nacional el diseño de políticas – públicas y privadas – para favorecer y posibilitar una ordenada incorporación de este combustible a los vehículos de transporte público de pasajeros, transporte pesado y flotas cautivas.

   

CAPITULO II

ANTECEDENTES HISTORICOS ARGENTINOS
REGIMEN VIGENTE HASTA 1992
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION - EL MONOPOLIO ESTATAL
PRIVATIZACION DE GAS DEL ESTADO.

1.	Reseña de antecedentes: 

El downstream en Argentina antes de la privatización.

•	Antes de analizar los aspectos Regulatorios del Transporte y Distribución del gas natural en la República Argentina, se efectúa una breve reseña de los antecedentes  que determinaron al dictado del Marco Regulatorio y a la privatización total de la empresa Gas del Estado SE, (GdE S.E.) que con diferentes formas jurídicas y empresarias actuaba en la República Argentina desde los años cuarenta.
•	Durante más de cincuenta años, esta empresa estatal había monopolizado las actividades arriba mencionadas y con gran influencia en el dictado de políticas, la planificación y el desarrollo de la industria del gas natural, además de intervenir en la regulación técnica, legal y económica de la industria. 
•	Cabe recordar que la producción de hidrocarburos estaba en manos de  la Empresa Estatal y monopólica, Yacimientos  Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.), y su actividad se regía por diferentes normas nacionales siendo necesario destacar como la mas completa y ordenada la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, hoy parcialmente vigente.
•	Esta separación histórica y de intereses entre la producción del gas natural, a cargo de YPF,  y su transporte y distribución por Gas del Estado, no debe perderse de vista ya que influyó en la concepción del proceso regulatorio actual de la industria del gas natural.
•	A partir del gobierno surgido en 1989, la situación del sector energético argentino, incluyendo los hidrocarburos, fue motivo de un intenso proceso de debate ante declaraciones políticas y proyectos que procuraban un cambio estructural, en el marco de las políticas fijadas por las normas jurídicas emanadas del Congreso Nacional y los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional.
Este conjunto normativo tenía como objetivo alcanzar la desregulación jurídica y desmonopolización económica en la industria de los hidrocarburos a fin de aumentar el grado de competencia en los mercados, mediante la libre disposición de los productos, su libre exportación e importación, promover la incorporación del capital privado nacional y extranjero en las distintas etapas del negocio del petróleo y el gas natural, reordenando y racionalizando a las grandes empresas estatales.      
•	La Ley de Emergencia Económica y Reforma del Estado Nº 23.696/89, otorgó al Gobierno Nacional las herramientas necesarias para llevar adelante esta notable tarea de cambio estructural.
El Anexo I  del mencionado instrumento legal, ordenaba la privatización de las redes de distribución y comercialización de gas natural,  bajo la forma de concesión de obras y servicios públicos, criterio que se ratificó por Decreto Nº 2074/90. 
La privatización de los servicios de transporte y distribución de gas natural exigía la reestructuración de GDE SE, de acuerdo a los lineamientos de los decretos mencionados de desregulación de la industria de los hidrocarburos. Este proceso procuraba la transformación de un sistema cerrado, de empresas públicas y monopólicas, a un sistema abierto que privilegiaba la participación privada y una mayor competencia basada en la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios.
•	El Decreto 48 del 7 de enero de 1991, aprobó los lineamientos del Plan Estratégico para la reestructuración de Gas del Estado S. E. basado en el informe final de la consultora Mc Kinsey Co ( 29/ XI/ 90 ). Coincidiendo con  las conclusiones de la Consultora se decidió separar las funciones de transporte, distribución y comercialización del gas natural, que por las particularidades propias de la industria constituían un monopolio natural, y regular intensamente los segmentos del Transporte y Distribución.
De allí entonces, que se estableció la perentoriedad de avanzar en la definición del marco regulatorio, incluyendo la formación de un Ente Regulador Federal (art. 4º y 7º del Decreto 48/91). El marco regulatorio requería ser aprobado por el Ministerio de Economía, para ser sancionado como ley de la Nación.
•	Los pliegos de bases y condiciones de la Licitación Pública Internacional convocada para este proceso, debían definir las inversiones mínimas de mantenimiento y desarrollo para garantizar la efectiva y eficiente prestación del servicio público. El plazo de duración de las concesiones se fijaba en 45 años. 
•	La consultora recomendaba también una revisión significativa de los precios del gas al consumidor -  que estaban fijados políticamente- y de su estructura, a fin de hacer más atractivo el llamado y elevar los montos de los cánones a cotizar por los oferentes.
•	Para facilitar una mejor elección en el transporte la consultora analizó tres sistemas alternativos de configuración de dominio y operación de los gasoductos troncales. Uno con solo dos sistemas (Norte y Centro-Oeste; Sur y Neuba) que facilitaría la coordinación de las actividades de  despacho y asegurarían un mayor valor (del negocio)facilitando el proceso de atracción de inversores Internacionales. Esta posibilidad fue la que en definitiva se adoptó para el caso Argentino.
•	En todos los casos se introducía la exigencia de implementación del acceso abierto a terceros y la adopción de criterios económicos racionales en la fijación de la tarifas.
•	En cuanto a las compañías de distribución se recomendaba  subdividir las Áreas más grandes para obtener un mayor grado de competencia regional por superficie de mercado. Así la competencia por comparación podría ser introducida más fácilmente.
•	La figura de la concesión no era bien vista en Argentina y a ello se unía el riesgo de que algún gobierno posterior intentara anularlas (poco probable) o la recreación de empresas con intervención de capitales públicos, especialmente en ciertas provincias.
De allí que el nuevo estudio técnico-económico encargado a Stone & Webster/ Pistrelli, Díaz y Asociados , recomendó el cambio del modelo de la concesión por el de licencia, donde la titularidad de la propiedad de los activos (a transferir) y la exclusividad del servicio  (con algunas restricciones)  constituían los elementos esenciales de la nueva organización. Esta solución fue anteriormente aplicada a las privatizaciones del Sector Eléctrico,  por lo que no constituía una novedad.
•	En cuanto a la constitución de empresas Distribuidoras, recomendaron la formación de solo ocho distribuidoras y por lo menos dos  transportadoras, con las implicancias que en términos de competitividad ya se han manifestado.
•	La separación de actividades (desintegración vertical y horizontal), el acceso abierto a terceros, la no discriminación, el evitar subsidios cruzados entre usuarios, la obtención de un permanente y delicado equilibrio entre la necesidad de obtener tarifas “justas y razonables” para todos los servicios y usuarios (un ejercicio nada fácil) con precios que aseguraran cierta rentabilidad a las empresas compatibles con su exposición al riesgo al mismo tiempo que protegieran los intereses de los consumidores, son aspectos que se discutieron y analizaron largamente.
•	En este nuevo esquema el Estado desaparece  como empresario y planificador, para pasar a desempeñar el rol Regulador en todos aquellos casos en que se hace necesaria la defensa de los usuarios cautivos, la promoción y simulación de la competencia y la solución de conflictos entre los sujetos activos de la industria. 
	
•	Atendiendo a la premura en cumplir con el programa de privatización y concesión de un numeroso grupo de empresas estatales, el Poder Ejecutivo Nacional, fijó como plazo máximo para la adjudicación y firma de los contratos con las empresas privadas, el 31 de diciembre de 1992. Para ello concedió a la Autoridad de Aplicación (MEOSP) amplios poderes y discrecionalidad para aprobar los reglamentos, pliegos de bases y condiciones generales y particulares, definir las unidades de negocio, revisar tarifas, llamar a licitación internacional, aprobar los estatutos de las sociedades prestadoras (Licenciatarias) y las inversoras, recibir y evaluar las ofertas y decidir sobre las mismas, con la participación del Comité de Privatizaciones.

2.- NUEVA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA:

•	La Ley Nº 24076, que establece el Marco Regulatorio de la industria del gas natural y el régimen de privatización de GdE.SE (que le es indisolublemente vinculado) recién pudo ser sancionada el 20 de mayo de 1992 y promulgada parcialmente el 9 de junio del mismo año. 	
•	Todas estas privatizaciones dan lugar a la afectación de un porcentaje variable del paquete accionario de las sociedades para ser destinadas a cumplir con el Programa de Propiedad Participada con el personal de la ex – Gas del Estado transferido a las nuevas licenciatarias (denominado PPP), y el resto quedaba  en posesión del Estado Nacional ( bajo la dirección del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MEOSP).
Para las dos Transportadoras (Gas del Sur SA y Gas del Norte SA) y tres Distribuidoras (Metropolitana SA (actual Metrogas S.A.), Buenos Aires Norte SA y Pampeana SA) la participación ofrecida fué del 70% del total de paquete accionario disponible.
En el caso de las Distribuidoras de Gas del Noroeste S A, Centro SA y Gas del Sur SA, la participación ofrecida llegó al 90%, en tanto que en Cuyo SA fué del 60%.

•	Una vez cumplidas las etapas descriptas, se reglamentó la Ley Nº 24076 por el Decreto Nº 1738 del 18 de septiembre de 1992,creando el marco regulatorio que allí se acompaña -como Anexo I

•	Por otra parte, el Decreto Nº 2255/92 aprobó el modelo de Licencia de Transporte y el de Distribución de Gas como Anexos “A” y “B” respectivamente, incluyendo los correspondientes sub-anexos que contienen: las Reglas Básicas de las Licencias, el Reglamento del Servicio y los Cuadros Tarifarios con el precio de las distintas modalidades de los servicios, a percibir por las Licenciatarias.
Cabe hacer notar que la Licencia, las Reglas Básicas y el Reglamento del Servicio son específicos a cada tipo de servicio (transporte o distribución) y por ello de extrema importancia operativa, administrativa y regulatoria.
Junto con la Ley Nº 24076 y los Decretos 1738/92 y 2255/92, el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato de Adjudicación, constituyen el conjunto normativo que rige la actividad de las empresas Licenciatarias.

•	A ello se debe agregar la acción reglamentaria  permanente del  ENTE REGULADOR (ENARGAS), en cuanto las modifica, interpreta y resuelve los conflictos entre los distintos sujetos de la industria, sentando jurisprudencia al respecto.

3.-CONCLUSIÓN DE ESTE CAPITULO:

La reestructuración de la Industria del gas natural “persigue como objetivos el aumento en eficiencia de las actividades de producción, transporte y distribución, garantizar que los beneficios de dicha eficiencia  se trasladen al consumidor e incentiven la participación del capital privado de riesgo;  asegure un proceso organizado, basado en condiciones competitivas e igualitarias en las distintas etapas de la reestructuración y fije el rol del Estado en su carácter de regulador de la operación y desarrollo de la industria gasífera y sus mercados” (art. 1 del Decreto 633)	

						CAPITULO III
				
ESTRUCTURA DE LA LEY 24.076 – POLITICA GENERAL – OBJETIVOS DE LA LEY. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION: NORMAS COMUNES – SUJETOS.  PRESTACION DE LOS SERVICIOS:  NORMAS Y LIMITACIONES. REGIMEN DE TARIFAS: LIMITES Y GARANTIAS. MODIFICACIONES PERIODICAS

1. Ley 23.696: Emergencia Económica y Reforma del Estado

La Ley de Reforma del Estado, sancionada en agosto de 1989 (Nº 23.696) declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico-financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, incluyendo a las sociedades del Estado, empresas del Estado y todo otro ente en el que el Estado Nacional tuviere participación total o mayoritaria de capital.
Dicha Ley conjuntamente con la ley de Emergencia Económica (Nº 23.697) constituyen el punto de partida para la privatización de la Industria de Gas.

Hemos anticipado que las leyes de Reforma del Estado Nº 23696, la Ley de Emergencia Económica Nº 23697 y la Ley de Convertibilidad Nº 23928; se insertan en un contexto de cambios que , desde la perspectiva del Estado eran poco menos que ineludibles, al tiempo que desde el ámbito de la sociedad eran requeridos con clamor.
•	Se deriva de ello claramente la nueva actitud asumida por el Estado Nacional, en cuanto a fomentar la transparencia de los mercados para favorecer la interacción de los actores privados, incorporar nuevos protagonistas a cargo del quehacer industrial y comercial - incluídas las prestaciones caracterizadas como Servicios Públicos -  reservándose para sí la función de regulación y control de prestación de esos servicios, en colaboración con otros Organismos Oficiales con competencia en esta actividad de control.
•	Las Leyes de Reforma de Estado Nº 23.696, de Emergencia Económica Nº 23.697 y de Convertibilidad Nº 23.928, sentaron las bases para el cambio sustancial al que nos refiriéramos, reinstalando como motores del cambio a las previsiones legales y constitucionales comentadas, incluída la  reforma Constitucional operada por la Convención Constituyente  y Reformadora de 1994.

•	De allí que en nuestro país la privatización de esas empresas públicas de servicios - en la medida en que la actividad prestada configure un monopolio natural - , fue acompañada de un “marco regulatorio” cuyo objetivo es proteger al consumidor cautivo, que se juzga como el participante más débil  en esta relación  prestador – consumidor que constituye la esencia de la organización del  Servicio.

•	Si bien en una primera aproximación no existirían diferencias de sustancia entre “reglamentar” y “regular” - por la connotación restrictiva de  derechos que ambas acciones suponen - se atribuye a la primera de ellas un carácter más abarcativo que a la segunda -generalmente asociada al campo de lo económico-; a la par que se vincula a ésta última con organismos administrativos, frente a la competencia reglamentaria, atribuida en primer término a las legislaturas.
A su vez, en términos clásicos, la acción de reglamentar se corresponde con una noción acotada del poder de policía (seguridad, salubridad, y moralidad), mientras que la acción de regular hace a la noción más amplia de aquel (comprensiva de la intervención económica).

2.	OBJETIVOS DE LA LEY Y MARCO REGULATORIO

•	Como mencionaramos en el Capítulo precedente el Marco Regulatorio básico aplicable a las empresas que participan de la operación después de la privatización está contenido en la Ley del Gas promulgada en junio de 1992 y sus Decretos Reglamentarios.

•	 La Ley del Gas y sus reglamentaciones tienen los siguientes objetivos:

a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores;

b) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;

c) Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural;

d) Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente Ley;

e) Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural;

f) Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente;

g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones.

	El primer y segundo objetivo expresan la principal preocupación del Estado Nacional Concedente  cuál es la defensa del consumidor y a su “derecho a obtener servicios de provisión de gas seguros y continuados a precios que resulten justos y compatibles con el mantenimiento a largo plazo de un servicio de tales características, tomando debida cuenta de la eficiencia y economía en la provisión del servicio”  
Un formidable conjunto de exigencias en la operación del sistema, que representa la meta ideal al cual debe aquel orientar su acción.
	Complementariamente con éllo, la reglamentación de la Ley del Gas, señala que “en ejercicio de sus facultades en relación al transporte y distribución del gas, incluyendo el cumplimiento de sus obligaciones de asegurar tarifas justas y razonables, el ENTE (la Autoridad Regulatoria) deberá tomar debida cuenta de (i) la necesidad de atraer nuevos capitales destinados a asegurar un servicio confiable, la expansión de los mercados y el mantenimiento adecuado de las instalaciones, y (ii) el derecho de los consumidores a acceder a un servicio seguro y de largo plazo.

	El tercer objetivo busca establecer límites al poder monopólico del Prestador Regulado, al mismo tiempo que ser equitativo en la consideración de sus obligaciones y derechos. Las condiciones que deberían satisfacer las tarifas, se aclaran cuando en la reglamentación se dice que el “ENTE propiciará los objetivos de la ley aplicando políticas que permitan, mediante las tarifas respectivas, el recupero de todos los costos razonables, incluyendo el costo de capital, a quienes operen eficientemente los servicios de Transporte y Distribución” 
.
	Para incentivar la eficiencia y proteger el ambiente, el conjunto de precios debe enviar las señales adecuadas a los sujetos responsables de cada tramo de la actividad, para que estos traten de reducir costos, eviten el derroche del recurso, se aproveche al máximo la capacidad instalada e incorporen a los precios las externalidades ambientales.

 Ello significa diseñar un sistema de precios que considera costos marginales  ampliados (full MC), además de economías de escala y de alcance, de difícil cálculo, que representan un estado ideal al que se quiere llevar el comportamiento de la industria. 

	El quinto objetivo que aquí se menciona, es indudablemente un injerto -en la ley- que sólo se explica por la intención del legislador de no colocar en desventaja competitiva al sector industrial, apelando a un método de dudoso resultado -como el de la tarifa equivalente- cambiante, ineficaz y poco coherente con los otros objetivos y principios objetivos en la Ley 24.076, como la no discriminación, la prohibición de subsidios cruzados o no explícitos y la recuperación de costos.

3.- LA SUPERVISION DE LA AUTORIDAD REGULATORIA:

•	El Gobierno supervisa las actividades de la industria del gas natural a través del ENARGAS, que es el responsable de verificar el cumplimiento del Marco Regulatorio y de las condiciones contractuales aplicables a las empresas Prestadoras de los Servicios o relacionadas con el Sector involucrado. La Autoridad Regulatoria posee entre otras las siguientes facultades:

•	La emisión de reglamentaciones que gobiernen las actividades de transporte y la distribución del gas.
•	Evitar comportamientos de cartel, monopólicos o discriminatorios por parte de las empresas.

•	Aprobar el marco tarifario a aplicar para cada servicio.

•	Controlar todos los aspectos relacionados con la operación técnica del sistema, y normas de protección al medio ambiente.

4. Marco Regulatorio de la actividad: la condición del Servicio Público.

•	La ley 24.076 expresa, en su articulo lº: La presente Ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la Ley Nº 17.319 la producción, captación y tratamiento.

•	Aún con las diferencias consignadas -propias del uso que la ciencia jurídica o económica le atribuyeron según el origen de cada concepto – se ha generalizado el uso indistinto de ambos vocablos.  Y ello  sería procedente, con un alcance general, como verdadera potestad de legislación, comprensiva tanto de la normación prohibitiva como de la de fomento.
	
•	Regular y controlar son expresiones de poder. Son algo propio  de quien puede condicionar la voluntad de los demás, de quien ejerce poder sobre otros: las potestades de dictar normas de fomento (promoción de la iniciativa del otro) o restricción ( limitación de los derechos del otro) y de verificar su cumplimiento.

5.- Servicio Público: breve desarrollo del concepto

La Ley establece su primer definición básica y liminar estableciendo el marco o ámbito de actuación general dentro de cuyos límites los distintos actores o sujetos deberán desarrollar su actividad. Expresa que el transporte y la distribución del gas natural constituyen un servicio público nacional.
Desde las formas más antiguas de organización política hasta las actuales, desde las más primitivas hasta las más evolucionadas, en todas las latitudes; la función estatal puede definirse -en un sentido amplio- como una potestad de regulación y control.

•	Dentro del marco descripto, aquellas actividades conocidas por nosotros como de Servicio Público no han sido ajenas, desde luego, a la intervención estatal. Por el contrario, la vida social reposa precisamente en esas actividades convocando hacia ellas el interés de los Gobiernos.
El grado de comprensión del obrar humano en la noción de Servicio Público es absolutamente variable, según lo apuntáramos, conforme las culturas, los lugares y el tiempo. Asímismo tanto en el plano de la realidad como en el de la doctrina, el prisma ideológico no ha sido ajeno al concepto de aquel instituto.
Es prueba de ello que la doctrina clásica, de origen continental -europeo y de corte esencialmente jurídico, presenta como notas distintivas (en realidad constituyen una ligadura de dogmas) de las actividades de Servicio Público, el hecho de que el Estado, mediante la llamada “publicatio” expresa o implícita, declara -por entender que le son connaturales- o transfiere hacia sí la “titularidad” de esas actividades, sustrayéndolas del ámbito de la iniciativa privada de los particulares por el carácter de interés general de las necesidades que satisfacen.
	
•	Creemos con sinceridad que esta cosmovisión pertenece al pasado.
Ha sido superada primero por otros regímenes exitosos comparables -como el norteamericano-; luego por nuestra propia realidad -conocida y descripta- y, al fin, por nuestra reforma constitucional -que acentuó el régimen ínsito ya en ella- y los nuevos marcos regulatorios.

•	El concepto  de servicio público ha ido desarrollándose	a lo largo de la historia, siendo concebido de distinta forma según las épocas y los autores.
•	Fue en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés donde primeramente apareció el concepto de servicio público, como medio de establecer la competencia del Tribunal.
A partir de entonces, la doctrina trató de encontrar un concepto unívoco de servicio público. La tarea no fue fácil y aún hoy  se discute el verdadero alcance de la noción. Para la escuela de Burdeos, lo determinante del Servicio Público era el órgano que lo prestaba.

•	Las características esenciales del concepto de Servicio Público son: 1) Prestación por un órgano de la administración pública; 2) Satisfacción de un interés general (elemento finalista), y 3) Régimen especial de Derecho Público, administrativo en la especie.

5. La concepción actual del término. 
•	La noción de servicio público no puede escindirse de la necesidad pública y de la de interés público.
El servicio público cumple un fin: el de satisfacer necesidades públicas. Esas necesidades públicas son la suma de las necesidades individuales de los hombres integrantes de la sociedad.
		
Los servicios públicos de electricidad y gas, se han tornado esenciales por la evolución de la civilización. La complejidad de la vida social, unida al desarrollo tecnológico, ha hecho que el ciudadano común ya no pueda satisfacer individualmente todas sus necesidades. Por ello ha delegado en el Estado la tarea de procurarle aquellos servicios que resultan indispensables para su bienestar y progreso en el estado actual de la civilización. Tal es el caso de la Energía Eléctrica y el Gas Natural.

6.- PRINCIPIOS GENERALES DEL REGIMEN TARIFARIO:

•	El criterio básico para la fijación de las tarifas se halla determinado por la sumatoria de factores de costo, expresamente nominados en la ley, y con un sistema de price cap para su futura evolución:
Estos factores son:
a)	El costo del gas comprado en el punto de ingreso al sistema de transporte.(Gas en boca de pozo )
b)	El costo del transporte que la empresa de distribución paga a la empresa transportadora, el que también es regulado y controlado por el ENARGAS.
c)	Margen de distribución.
d)	Los impuestos que gravan los servicios.

•	El nivel tarifario fijado, acorde lo previsto en el Marco Regulatorio,  debe ser suficiente como para permitir a las empresas Prestadoras del Servicio, lograr un retorno razonable sobre el  capital invertido, comparable con el  de empresas  con niveles de riesgo similares, al tiempo de asegurarles una utilidad adicional  por el mejoramiento de los niveles de eficiencia de la prestación.

•	Como se puede apreciar, el criterio de relación con las licenciatarias estaba presidido por el standard de la “rentabilidad razonable”, que siempre aparece en los textos regulatorios como condición indispensable para la continuidad de la actividad y un mayor desarrollo futuro con la incorporación del capital de riesgo.

CAPITULO IV

AUTORIDAD REGULATORIA:

1.	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS –ENARGAS-: Los Entes Reguladores en el escenario de las privatizaciones.     

•	El fenómeno de la privatización, al abarcar la transferencia al sector privado de la gestión de los servicios públicos que antes prestaban empresas estatales , ha generado la necesidad de regular esas actividades para proteger debidamente los intereses de la comunidad y de los usuarios cautivos del sistema..
 
•	El sistema que anteriormente rigió en la Argentina se caracterizó por la concentración de los poderes regulatorios en las propias empresas estatales prestadoras de esos servicios.

•	El Ente Nacional Regulador del Gas fue creado por la Ley Nº 24.076 – Marco Regulatorio de la Industria del Gas – a fin de llevar a cabo  todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos del citado texto legal.

2.	El art. 2º de la ley 24.076 establece los siguientes objetivos para el funcionamiento del  Ente Nacional Regulador del  Gas (ENARGAS):
a)	Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores.
 
b)	Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo. 

c)	Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural.

d)	Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la  ley Regulatoria

e)	Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso de gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente.

f)	Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones.

•	Para cumplir acabadamente con los objetivos de la Ley el ENARGAS debe pautar su accionar conforme los siguientes principios:
objetividad en la aplicación de la Ley; transparencia en sus procedimientos; independencia de intereses especiales; eficiencia para dar respuesta oportuna a los intereses de la comunidad y proactividad para adelantarse a los desafíos del futuro.

3.- Funciones del ENARGAS.

Tal como señala el artículo 2º de la Ley Nº 24.076, los objetivos de la regulación son “ejecutados” y “controlados” por el ENARGAS, de lo que se desprenden, dos de las funciones del organismo: “regular” y “fiscalizar”.
Además, el artículo 66 del mismo texto legal establece que toda controversia que se suscite entre los sujetos de la Ley, así como con todo tipo de terceros interesados, con motivo de los servicios de capacitación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas, deberán ser sometidos en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del Ente.
 Es decir, El ENARGAS ejerce, también, funciones “materialmente Jurisdiccionales”.

Sintetizando lo antedicho, hay tres funciones a desempeñar por el ENARGAS: regulación, fiscalización y resolución de controversias (actividad materialmente jurisdiccional).
La actividad de la regulación involucra el dictado de las normas que marcan las pautas a seguir por la industria gasífera, ya con miras a reglamentar la actividad presente (por ejemplo el dictado y la actualización de normas técnicas), ya con el objeto de propiciar conductas valiosas para la consecución de los objetivos regulatorios (ejemplo de ello es la norma dictada en materia de reventa de capacidad, que propicia un uso mas eficiente de la capacidad de los gasoductos).

La actividad de fiscalización está dada por el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio, lo que conlleva  la realización de auditorías, inspecciones y monitoreos, así como el seguimiento de las presentaciones realizadas ante el Ente. Todo ello a fin de efectuar un control efectivo que redunde en una mejor prestación del servicio.
La tarea materialmente jurisdiccional asignada al Ente implica intervenir, en forma “previa y necesaria”, en los conflictos suscitados entre los sujetos de la ley, o con terceros, de manera que el ENARGAS, tiene oportunidad de expedirse en forma particular, y ante el caso concreto, respecto de la adecuación de las posiciones de las partes a las previsiones del Marco Regulatorio de la Industria.
En estos casos, sus pronunciamientos tienen naturaleza jurisdiccional, en el sentido de que ellas deciden acerca de cuestiones o interpretaciones legales hasta ese momento estaban indefinidas o no eran exigibles. 
Estos pronunciamientos son apelables ante los jueces del Poder Judicial conforme el procedimiento general de apelación de sus decisiones.

         

4.- Organización Interna del Enargas: 

El Directorio:
La conducción superior  del ENARGAS se encuentra a cargo de un Directorio constituido por cinco miembros: Presidente, Vicepresidente y tres vocales. La duración de su mandato es de cinco años, susceptible de renovación.
Son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, con intervención previa de una comisión del Honorable Congreso de la Nación, creada por el Artículo 55 de la Ley 24.076.
 A los efectos de tales designaciones, la Secretaría de Energía conduce un proceso de selección que tiene por objeto asegurar que la elección final se realice entre profesionales con conocimientos y antecedentes suficientes.
     
•	Los miembros del Directorio tienen dedicación exclusiva en su función y son alcanzados por las incompatibilidades fijadas por la Ley para los funcionarios públicos, a las que se agrega que no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en empresas de consumidores que contraten directamente con el productor, de productores, de acondicionamiento, de transporte, de comercialización, de distribución de gas y de almacenamiento.
Por otra parte, gozan de estabilidad y solo podrán ser removidos de sus cargos por actos fundados del Poder Ejecutivo Nacional, con intervención previa del Congreso de la Nación. 

5.-Descentralización de las actividades del ENARGAS.

Respondiendo a una política de mejor atención de reclamos de usuarios y tratamientos de cuestiones regulatorias locales, el Directorio del ENARGAS creó agencias descentralizadas en el interior del país cubriendo las necesidades en todo el territorio nacional.

CAPITULO V
SITUACION ACTUAL

RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES – GRADO DE AFECTACION DEL SECTOR POR MEDIDAS ECONOMICAS GENERALES – RESULTADOS, PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.  

1.	RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES ;Situación macro-económica argentina (año 2002) - La crisis económica y política de la Republica Argentina.

La crisis económica y política generada en la República Argentina durante los primeros meses del año 2002, encontró su causa próxima en un conjunto de medidas económicas adoptadas por las autoridades designadas en diciembre del año 2001, como respuesta al contemporáneo  estallido de esa Crisis.
Así, abruptamente, la sociedad Argentina pudo advertir, dramáticamente, la situación generalizada de pobreza extrema de las clases mas necesitadas, el paulatino y creciente deterioro de los factores de la producción y del nivel de desempleo en todos los niveles del país.

Su vida social mostró crecientes signos de desarticulación, cercana al caos y la desintegración.
 
El Estado se mostraba incapaz de cumplir de manera aceptable sus funciones.

Desde el punto de vista de las políticas financieras, las aplicadas hasta ese momento  permitieron la coexistencia de hasta veinte monedas distintas, realimentando de esa manera el proceso de anarquía económica.
 
2.-  Estas medidas adoptadas por el Gobierno a cargo del país, elegido luego de la violenta crisis política que generó la renuncia masiva del Gobierno con mandato constitucional,  repercutieron directamente en  la economía del Servicio Público del Transporte y Distribución del Gas Natural y en la de sus Prestadores.

En resumen, esas medidas fueron las siguientes, cuyos efectos negativos todavía subsisten en toda su plenitud:

•	La Ley de emergencia económica.
•	Proceso de devaluación y pesificación monetaria.
•	Congelamiento tarifario 
•	Proceso de renegociación tarifaría y contractual – Reformas a los contratos de licencia. 
•	
3.-GRADO DE AFECTACION DEL SECTOR POR MEDIDAS ECONOMICAS GENERALES: Impacto en el sector regulado de la industria del  gas natural.

 La ley de emergencia económica: Devaluación asimétrica y devaluación generalizada. Modificación  unilateral del marco regulatorio y de los contratos de licencia.

4.- La Ley 25.561 de Emergencia Económica:				
	La ley de emergencia aquí mencionada, dejó sin efecto la paridad un peso igual a un dólar, y estableció un nuevo régimen monetario y cambiario.
Desde el punto de vista de los contratos de licencia para la prestación de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural dicha ley produjo los siguientes efectos  a partir de la fecha de su sanción:
 
(i) Supresión de toda cláusula de ajuste en dólares o en otra divisa extranjera;
(ii) Prohibición de toda cláusula indexatoria basada en la aplicación de índices de otros países
iii) Supresión de todo otro mecanismo indexatorio; fijando los precios y tarifas resultantes de la aplicación de dichas cláusulas a la relación 1 peso = 1 dólar.

5.-  Efectos
•	Las medidas descriptas provocaron una grave afectación a los derechos de  las Licenciatarias de Transporte y Distribución de Gas cuyas tarifas habían sido establecidas en dólares y sólo expresadas en pesos a los efectos de su percepción por las prestadoras y pago por los usuarios, de acuerdo a las previsiones de la Ley del Gas.

•	Asimismo, produjo un  impacto negativo sobre los contratos al dejar sin efecto los mecanismos de ajuste o re-determinación de las tarifas en base a indicadores de mercado internacional.
•	 Esto es así porque las nuevas medidas no establecieron un procedimiento que, a partir de la aplicación de la metodología vigente permita  al licenciatario, cuya inversión fue realizada en dólares,  la cobertura de sus costos y el justo ingreso para diseñar convenientemente el  retorno de la inversión hecha en el sistema Regulado del Gas Natural Argentino. 

•	Las empresas prestadoras quedaron gravemente afectadas frente al nuevo régimen ya que, hasta ahora, debieron soportar el impacto económico negativo de la emergencia. 

•	Esta situación de sacrificio especial les es impuesto por sobre el común de la sociedad. Ello, sin considerar que .conforme a sus manifestaciones- no se hayan en condiciones de soportar, por un tiempo dilatado, la total entidad del esfuerzo y de las pérdidas que han debido absorber hasta el presente.

•	A ello debe agregarse el grave deterioro provocado por esas medidas económicas sobre los ingresos de los usuarios en general, que son quienes con sus reducidos  y congelados ingresos deben soportar el costo de este servicio público. Esta es una de las causales más importantes del constante incremento de los índices de morosidad en el pago de los servicios prestados.

6.-El Decreto 214/02    

•	El riesgo generado a las empresas operadoras de servicios públicos y a las sociedades inversoras titulares del capital accionario, al igual que a sus inversores nacionales y extranjeros resulta agravado aun mas como consecuencia de la abrupta ruptura de la paridad  peso – dólar y la fijación de un nuevo factor de convergencia, que fuera dispuesto por el Decreto  214/02.

•	El Decreto  214, de fecha 3 de febrero de 2002, denominado de “pesificación de la economía”, dispone la conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa u origen, expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la Ley N° 25.561 de Emergencia Económica.

La relación que se establece para la conversión de los depósitos bancarios es de 1 dólar  =  1,40 pesos (Art. 2°) y para las deudas públicas y privadas, es de 1 peso = 1 dólar (Art. 3°). Ello sin consideración ninguna al valor del dólar en el mercado cambiario que creció geométricamente estableciendo  una diferencia de tres a uno (1 dólar = 3,50 pesos) 
Este Decreto además prohíbe los ajustes y variaciones de precios futuros para deudas contraídas con posterioridad a su dictado.

•	Como comentario general cabe mencionar que las disposiciones mencionadas representan el deseo de las nuevas autoridades que lo dispusieron, de revalorizar la intervención del Estado en la economía nacional lo que provoca un proceso de debilitamiento de las garantías de los particulares Prestadores de los Servicios Públicos comprendidos.

7.- Cabe mencionar que el conjunto de medidas comentadas no fue el producto de un improvisado proceso espontáneo y abrupto. 
Desde este punto de vista creemos poder afirmar que la crisis del sector energético regulado de la economía nacional vino precedida, desde el año 1999, por tres cuestiones que, por su importancia económica, preanunciaban un profundo cambio en la concepción Gubernamental respecto del modo como se relacionaba con las Empresas Prestadoras. 
 Este cambio afecto directamente los derechos de las empresas prestadoras de los Servicios Públicos mencionados en el presente que vieron afectados los derechos contenidos en los marcos regulatorios con profunda afectación de la seguridad jurídica   y de la  protección que el Estado Nacional debe brindar a este Sector.

•	Así las Empresas debieron afrontar acciones administrativas  y judiciales que, contradiciendo claras normas del Marco Regulatorio, negaron derechos adquiridos, con diferentes argumentos de naturaleza política o interpretativa que hicieron lugar a reclamos económicos de jurisdicciones  provinciales o municipales o de asociaciones de consumidores.

•	Estos Antecedentes previos a las medidas generales que preanunciaban la crisis son:

•	El desconocimiento del ajuste tarifario por aplicación de índices internacionales (PPI);

•	La cuestión del subsidio para los consumos patagónicos y el incumplimiento de su pago a las Empresas que poseían ese derecho;

•	Reclamos fiscales  generalizados de provincias y municipios al margen del marco Regulatorio.

Tales cuestiones, se sucedieron contemporáneamente con el cambio gubernamental operado en el Estado Nacional en 1999 y preanunciaron los problemas que se sucederían en el futuro cercano ante la distinta concepción económica de las nuevas autoridades Argentinas. 

8.-LA CUESTION RELACIONADA CON EL AJUSTE POR P.P.I.:

•	El tema de este ajuste tarifario, se destaca nítidamente como el más importante de ellos, no sólo por los montos económicos en juego sino por la trascendencia de los principios involucrados.
•	 Las decisiones adoptadas revelan, con total certeza, el intento de modificar, unilateralmente, un principio liminar de la regulación, cuál es el de la utilización de una moneda estable como referencia para la estructuración del régimen tarifario, verdadera columna vertebral del sistema económico de las Licencias. 
Por su trascendencia e importancia es necesario recordar que en el Marco Regulatorio Argentino el sistema de ajuste de tarifas por P.P.I. tiene las siguientes características esenciales:

 - Jerarquía Legal: Fue establecido por el Art. 41 de la Ley del Congreso Nacional Nº 24.076 

- Formó parte del Pliego de Condiciones: con el que se licitó el sistema Argentino y sobre cuya base se convocó a los Inversores Internacionales en los Concursos Públicos llamados a ese fin.

- Reglamentado por las Reglas Básicas de las Licencias de Distribución: Es decir forma parte del Contrato fundacional de cada Distribuidora.

- Ha sido aplicado pública y pacíficamente por el Ente Regulador y las Licenciatarias durante el tiempo de vigencia de las respectivas Licencias.

 - No puede ser modificado unilateralmente por el Otorgante. (Art. 18.2 del Contrato de Licencia).

- Tampoco podrá ser modificado por ningún otro instrumento legal: salvo una reforma del Art. 96 de la Ley 24.076. Ese artículo establece que en el caso de conflicto normativo entre la Ley N' 24.076 y otras leyes siempre prevalece la Ley N' 24.076.

•	El sistema de ajuste por PPI es base fundacional del Marco Regulatorio Argentino, integra un sistema especial y específico garantizado por Ley del Congreso que impide su modificación unilateral por cualquier, disposición legal o administrativa no específica.
•	No obstante lo expresado y la claridad de la garantía estructurada para su protección, fue desconocido por las Asociaciones de Consumidores y Jueces Nacionales que intervinieron en un Proceso judicial.
•	El Estado Concedente permaneció pasivo ante estos cuestionamientos y no intentó remedios transaccionales que hubieran morigerado el efecto negativo sufrido hasta el presente.

•	CONCLUSIÓN DE ESTE CAPITULO:

Con motivo del cambio de gobierno se pudo advertir la existencia y fortalecimiento de algunas ideas políticas que sin desconocer las normas legales que sustentaban el proceso privatizador, comenzaban a cuestionar la totalidad de sus disposiciones preanunciando las medidas oficiales que procurarían un cambio en el entorno económico y jurídico que rodeaban el ámbito Regulatorio.
Ello dio lugar a acciones judiciales contrarias a esta actualización y la neutralización, en los hechos, de este sistema de ajuste. 

9. RESULTADOS, PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES.  

•	Como consecuencia de la vigencia de la ley de emergencia económica antes citada, las empresas reguladas de gas natural debieron soportar – a partir del mes enero de 2002 – un incremento inusitado de costos operativos al ritmo de la inflación, con fuertes incrementos de los precios de sus insumos, importados y nacionales, con un régimen tarifario congelado.

•	Además, las empresas deben hacerse cargo de  las perdidas que provoca este retraso y absorber el aumento de la morosidad e incobrabilidad, soportar el inesperado aumento de los insumos y asumir el pago de compromisos externos, previamente asumidos, por valor de 2400 millones de dólares.

•	Los márgenes regulados incluidos en las tarifas residenciales bajaron en términos reales desde 1992 hasta el momento de la devaluación, comparados con el costo de vida (índice de precios al consumidor). Las tarifas industriales efectivamente abonadas registraron un descenso aún mayor, por los descuentos adicionales aplicados sobre los precios máximos autorizados.

Merced a esta distorsión en los valores, hoy el gasto en gas natural de una familia tipo en Argentina (consumo promedio anual 1.000m3) es de el orden de 70/80 centavos por día (0.15/0.20 centavos de dólar).
Este valor incluye, además, los impuestos que representan un 30% de ese monto.
De tal manera que lo que se gasta en gas en un hogar, diariamente, es un valor mínimo no alejado de las posibilidades de cualquier familia argentina. 

•	Es importante señalar también que en materia tributaria, la presión impositiva en la factura de gas que abonan los usuarios argentinos, asciende hoy al 30% y el componente de impuestos, tasas y contribuciones en la factura ha crecido en un 77% desde la privatización en 1992.

10.- Resumiendo el impacto económico de las medidas adoptadas en la economía general del país en la economía de las empresas reguladas es posibles mencionar las siguientes, que si bien no se agotan en su mención, representan el baricentro que afecta gravemente al sector. Ellas son:  

•	Pérdida de ingresos equivalentes al impacto que la devaluación de nuestra moneda (peso) registra respecto de la moneda sobre la cual los inversores hicieron sus proyecciones (dólar estadounidense) y decidieron, en consecuencia,  su inversión.

•	Desequilibrio entre los ingresos por el servicio de distribución (en pesos y que no sufrieron ajuste alguno desde julio de 1999)  y costos de operación y financieros,  una parte importante  de los cuales fluctúa en función de la variación del tipo de cambio y de los índices de precios internos.

•	Aumento del capital de trabajo inmovilizado, dado que -en un contexto con distorsión de precios e inflación- se hace imposible continuar aplicando técnicas de eficiencia en la gestión de provisión de insumos operativos. 

•	Destino de fondos provenientes de la depreciación de los activos fijos para sostener la estructura de costos de operación, reduciendo de esa forma el nivel  de inversiones, a fin de compatibilizarla con la generación de fondos propios, dada la imposibilidad de obtener financiamiento a tasas y plazos razonables.

•	Desequilibrio entre los ingresos en moneda local y los compromisos financieros asumidos mayormente en moneda extranjera, lo que provoca la imposibilidad de honrar los pagos de capital y servicios de intereses, situando a la compañía en una situación de “default”  con significativas  consecuencias.

•	Imposibilidad de iniciar con los acreedores financieros la renegociación de las deudas existentes, ante la falta de un horizonte claro de tarifas.

9.	La persistencia de las medidas económicas y políticas antes descriptas, representan el consiguiente riesgo de que se produzcan, entre otras, las siguientes consecuencias negativas:
 
•	Suspensión de los planes de inversion e impacto negativo  del efecto multiplicador de esas  inversiones en la economia general del pais.

•	Deterioro de la calidad del servicio y suspension de la incorporacion de nueva tecnologia y modernizacion del sector.

•	reducción de planteles de personal de prestadores, contratistas, subcontratistas y proveedores de la industria.

•	Desaliento y riesgo cierto de retiro de inversores internacionales, prestadores, operadores o inversores institucionales.

•	Reclamo generalizado de inversores internacionales en el sector, ante tribunales u organismos de arbitraje internacional (caso del C.I.A.D.I.) por aplicación de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina para la defensa y protección de la inversión extranjera.

•	Caída pronunciada de la imagen argentina ante la comunidad inversora internacional denunciada como incumplidora de sus compromisos.

11.	Lecciones aprendidas y prospectivas

•	El sector energético nacional, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural,  no es una isla.
La crisis generalizada de la economía  argentina lo afecta seriamente.
No obstante ello el sector mantiene sus parámetros operativos de prestación de los servicios todavía vigentes y bajo un razonable control.
Una de las razones de esta realidad es que la crisis no se ha generado intra sistema, es decir,  por falencia de alguno de los parámetros constitutivos del marco Regulatorio.
 	Sino que la crisis se ha gestado fuera del sistema ocasionada por medidas económicas generales que irrumpieron en la organización  de la industria provocando la abrupta ruptura del equilibrio económico financiero interno del sector.

El ejemplo mas patético ha sido la redefinición del régimen tarifario al disponerse, por ley del Congreso pero en contra de los marcos regulatorios, la transformación de los cuadros tarifarios  cambiando la moneda de calculo, el dólar estadounidense, por la Moneda Argentina. Ello con iguales  expresiones nominales ( uno a uno) pero con valores intrínsecos absolutamente distintos y devaluados  respecto del dólar.
A ello se llegó por el proceso devaluatorio de la  moneda.

•	Además debe agregarse a esta  consecuencia  negativa otras de enorme repercusión en la economía de las empresas.

De acuerdo a las nuevas disposiciones, las empresas prestadoras, endeudadas en dólares para hacer frente al proceso de inversiones ya efectuadas y en recuperación, deben  afrontar sus pagos con los ingresos – en pesos- de los nuevos cuadros tarifarios. Esto es con valores  sustancialmente mas bajos.

•	La principal lección aprendida es la de la necesidad del respeto por los compromisos asumidos, la seguridad jurídica y la protección del inversor.
A estos efectos se debe tener presente que estas compañías, luego de haber invertido ingentes cantidades en el sector para la mejor prestación del servicio, apostó a la seguridad de la promesa estatal para el recupero de dichos fondos. 
Hoy asistimos al riesgo que esta situación de incumplimiento de esas promesas se prolongue sin solución cierta en un plazo razonable, provocando entonces daños irrecuperables a los prestadores, inversores y consumidores.

•	Ello sin ignorar la realidad que, debido a la situación imperante todas las partes involucradas en este proceso (Autoridades Estatales, Prestadores y Consumidores) deberán aportar su máximo esfuerzo para lograr una pronta recuperación del punto de equilibrio que restablezca la armonía del sector y lograr de esa manera reglas de juego  permanentes y eficaces. 

Resulta imperioso, entonces, el urgente restablecimiento de los ingresos de toda la cadena que comprende la industria del gas. Ello a fin de asegurar el suministro y sostener la capacidad productiva de los Prestadores y calidad de vida de los Consumidores Argentinos. Esta circunstancia provocará el inmediato restablecimiento de la credibilidad de la Republica Argentina,  en ámbitos internacionales.

30/09/2002.